En el último mes, han sido de connotación nacional los crímenes llevados a cabo por adolecentes que tienen  algo en común: ser víctimas de un sistema que nunca los tuvo presentes, en definitiva, un Estado que falló en prevenir esta situación, así como en su momento entregarles protección y garantizar (por medio de la provisión) su educación, salud vivienda, entre otros derechos violados.

Crímenes como el de una mujer en la comuna de La Reina a manos de un joven imputado de 18 años, que tenía 21 ingresos por Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), o como el caso del cabo Galindo, muerto en medio de un impacto de bala a manos de un adolecente con un largo historial policial, en la comuna de la Pintana. Ambos casos –muy exacerbados por la prensa dominante- generaron que el Gobierno respondiera con un mensaje  ‘conservador y castigador’ en el cual plantea el fortalecimiento y endurecimiento de la penalización para niños y niñas ‘pobres’, junto con el aumento del número de carabineros en las calles, con la que se pretende rebajar los índices de inseguridad pública en la sociedad chilena.

Respecto a esta ley, (20.084), la cual entró en vigencia el año 2007, y en donde  se postula que el niñ@ alcanzaría su mayoría de edad entre los 15 y 18 años, desde ese momento dejaría de operar por obsoleta la anterior ley y el conocido discernimiento de los mismos para imputarlos. Cabe preguntarse si: ¿Penalizar y castigar al sector más pobre de Chile, el cual ha sufrido el olvido, exclusión yl atropello a sus derechos desde temprana edad, será la solución para terminar con este tipo de delitos?, desde esta perspectiva teórica en la cual vemos y creemos que el problema de fondo siempre fue responsabilidad del Estado y sus instituciones, los cuales fueron cómplices de los más de 1300 niñ@s fallecidos en los últimos 10 años a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename).

El caso de ‘Piedra de Oro’: “He intentado suicidarme  para escapar de esta realidad”

Con 19 años y séptimo básico cursado, ‘Piedra de Oro’ cómo prefiere que lo llamen, comenta haber tenido una vida callejera, marcada de injusticias, abusos, delincuencia y drogas. A sus 5 años fue abandonado por su familia generando la  ausencia de una imagen  protectora que lo validara, y de un Estado que lo protegiera. De esta forma llegó a las ‘Aldeas S.O.S’, a cargo del Sename en donde le intentaron dar una solución provisoria a sus graves problemas de abandono.

Alto, flaco y moreno son los rasgos caracterizan a ‘Piedra’  el cual cuenta que lleva 3 semanas durmiendo en la calle “Paso frío en las noches, no puedo dormir nada porque o si no me congelo, tengo que hacer fuego como sea para poder sobrevivir. A ratos me tapo  con cartones para estirar mi espalda que me duele demasiado (…) lo único que me abriga es mi  chaqueta”. No solo el frío aqueja a este joven,  quien asegura que  ha intentado quitarse la vida muchas veces para así dar fin al sufrimiento y a la depresión que padece. “He Intentado matarme más de 30 veces, ahorcamiento, cortadura de venas, intenté de todo (…)”

‘Piedra’ relata que su primera experiencia en los hogares de menores fue muy mala, “recuerdo que cuando niño  vivía arrancándome, mis compañeros dentro me molestaban, los más grandes me pegaban”. Relata que pasó varios años en esta situación, de forma ‘intermitente’. Luego al llegar la adolescencia migró hacia Concepción en donde “fue mucho peor”, asevera.En este hogar era el más chico, estaba en el modo de pre-egreso en donde indica que, sufrió  abusos físicos por parte ‘del grupo’. “Fueron como 3 o 4 veces las que salí a robar, inclusive tuve que robarle a una señora que siempre me ayudó, de eso me arrepiento hasta el día de hoy”, asegura con nostalgia.

Frente a este tipo de casos, Francisco Estrada, ex director del Sename, afirmó que la situación se debe a una repetitiva cadena de errores del Ministerio de Salud, de Justicia y Sename, porque no se ha intervenido de manera adecuada y sistemática. Sin embargo, estos “errores” institucionales y de sus responsables, solo se formulan  post, nunca en el momento y menos aún previo a los hechos que llevan a estos niñas y niños a enfrentar esa cruda y negra realidad cotidiana.

La penalización de la pobreza: Continuamos con las injusticias

‘Piedra’ es una víctima de un Estado al cual nunca le importó. ‘Afortunadamente’, no formó parte de la vergonzosa cifra de los 1300  ‘chicos’ que ha muerto por negligencias del Sename en los últimos 10 años. Según el Anuario Estadístico (2016) elaborado por el Sename,  durante ese año fueron atendidos un total de 163.000 personas. De ese total,  10.600 ‘chic@s’  cometieron algún tipo de delito, lo que equivale al 6,5 % del total. En relación a este último porcentaje, más del 50% corresponden a delitos asociados al robo o al hurto, para los cuales les rige la Ley R.P.A, la que por éstos días desde el gobierno quieren ‘Endurecer’.

En el plano local,  en la Región de Los Lagos durante el año pasado, fueron ingresados un total de 1515 casos de  infractores referentes a la Ley R.P.A. Paralelamente, sólo 49 de ellos (equivalente el 2,9%) realizaron una terapia de internación provisoria. según estipuló El Boletín Anual 2017 de la Fiscalía Regional.

Luego de realizar esta entrevista, ‘Piedra’ retomó sus estudios. Se encuentra cursando el octavo básico en Castro.  Perfiles como los de este chico, son lo que están inmersos en una vida callejera, vulnerables a cometer un delito, y ser criminalizado por esto. En tal sentido, cabe preguntarse por qué el Tila, Hans Pozo, las arañitas, el Cizarro y decenas de otros niños y niñas se han visto enfrentados a este derrotero en sus vidas, qué responsabilidad tienen sobre las familias en que nacieron, sus barrios, las condiciones materiales en que se desarrollaron. Sobre estas interrogantes, nadie se pronuncia, las autoridades solo ven los productos y efectos que sus realidades han generado y el impacto manejado por los medios de comunicación construyen sobre esas vidas y que queda en la retina de la sociedad.

En tanto, el  gobierno de Piñera, quien declaró como prioridad a ‘la familia’, especialmente, aquella más desfavorecida, que es la familia pobre que debe trabajar y transitar horas para llegar a su destino en la ciudad de Santiago y otras similares, que recibe sueldos miserables, que tiene que abandonar horas a sus hijos e hijas para llevarles el sustento diario, es la que se ve sometida al escarnio público por el supuesto abandono de los mismos, se va constituyendo en la práctica en la criminalización de los más pobres entre los pobres, a ellos se les castiga y encierra en sistemas de reproducción de la violencia y del crimen

En tanto, Pablo Aranda, jefe de la Unidad de Defensa Especializada de la Defensoría Penal Pública (DPP), indicó que el efecto es positivo. “El sistema anterior era arcaico y privaba a los adolescentes del debido proceso. Al compararlo con eso, es positivo. Pero si miramos la reinserción y rehabilitación, quedamos cortos desde el punto de vista estructural”, según declaró a la Tercera. En el mismo artículo, Decio Mettifogo,  psicólogo jurídico y académico de Psicología de la U. de Chile, señaló que “no hay evaluaciones de los procesos de reinserción social de los adolescentes que pasan por el sistema, el acompañamiento post sanción penal no existe en Chile. Hemos visto cómo el tema de infancia está presente mediáticamente, pero en políticas públicas no es prioritario”.

Hijos de la desigualdad, hermanos de la pobreza

 En el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y Niña, firmado y ratificado por Chile el año 1990, uno de los principales aspectos que se relevaban es la responsabilidad del Estado de Garantizar los Derechos bajo el precepto de la Provisión. De los tres aspectos que destacan la convención, Prevención, Protección y Provisión, éste último es el que menos se menciona en el discurso público ya que, ello implica que el Estado debe garantizar derechos plenos en trabajo, educación, salud, vivienda y recreación adecuada entre otros.

La Provisión consiste en que el Estado y la sociedad chilena, deben garantizar al niño/a y su familia un entorno adecuado, una vivienda y trabajo digno, a salud y educación pública, y muy posteriormente, luego de estar provisto de esas condiciones, dotar de medios y recursos para su rehabilitación, reinserción familiar y social.  Los instrumentos que disponen el Estado y la sociedad para superar estos fenómenos y situaciones, son la superación de las desigualdades mediante, redistribución de la riqueza, reformas tributarias y condiciones laborales, de sueldo, de vivienda, salud y educación. Las penas y el endurecimiento de ellas es cuando la ‘Satisfacción de las Necesidades Mínimas’ no están cubiertas, se rompe el pacto social y se castiga a la pobreza doblemente.

Estos niños y niñas, son los hijos de la población menos favorecida por el sistema de exclusión y marginalidad que se sostiene en las desigualdades, de quienes no tienen espacio en una sociedad excluyente e individualista, obnubilada por el endeudamiento y la autoproclamada e irreflexiva posición de clase media -arribista y poco empática-, una sociedad centrada en el enriquecimiento que favorece a las minorías, en que se justifican las desigualdades, donde se responsabiliza a los sujetos en tanto individuos soslayando la construcción social de los mismos.

En este sentido, el año 2016, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que la ‘Economía Moral de la Desigualdad’ se define donde “las sociedades históricamente se han construido en base a relaciones sociales desiguales y jerárquicas, donde ciertos grupos adquieren en mayor medida esos bienes mientras otros carecen de ellos, la economía moral remitiría en esta conceptualización a la justificación que hace plausible y soportable vivir en un mundo de desigualdades, a veces consideradas injustas e ilegitimas, en otras toleradas y aceptadas”

En tal perspectiva, el documento afirma que “la relevancia de entender la economía moral de la desigualdad no es evidente, especialmente cuando se percibe que el cambio de reglas de la estructura económica o de los sistemas fiscales es la única solución para enfrentarla. Sin embargo, la posibilidad de tomar estos caminos de cambios estructurales en democracia está –o debiese estar– siempre basada en argumentos de justicia que los individuos pueden apoyar o rechazar. Dicho de otra manera, las representaciones de igualdad y justicia tienen un efecto práctico para las políticas públicas y las propuestas de cambio social, en la medida que la economía moral dominante pone límites a lo que es deseable normativamente en términos de derechos universales, o también para apuntalar aquellos argumentos que permiten alcanzar sociedades más justas”.

Cabe preguntarse entonces, ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para reparar este daño? Primero no seguir culpando a estos chicos, menos ‘endurecer’ las penas. Estos adolescentes son hijos de la  desigualdad, hermanos de la pobreza. Historias como la de estos chicos abundan en Chile, algunos con ‘mejor suerte’ que otros, los cuales han podido frenar y alejarse de la violencia que les genera la calle, como es el caso de ‘Piedra’ que al fin de esta edición, se encuentra nuevamente en un hogar, durmiendo bajo un techo. Quizá por cuánto tiempo, nadie sabe, ya que nunca el Estado, sus instituciones y los políticos que ganan sueldos millonarios y deberían legislar estos temas, se hicieron cargo de su destino.